Opositores cubanos denunciaron en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) que el Gobierno de Cuba está imponiendo limitaciones en la libertad de expresión con el nuevo decreto ley sobre ciberseguridad.
La directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, intervino en el debate y aseguró que el nuevo decreto ley “restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital”.
Diversent defendió que las facultades que se otorgan a los proveedores y las instituciones estatales “son demasiado amplias”, lo cual “favorece la arbitrariedad, el abuso de poder y propician la violación de derechos fundamentales, como la privacidad de los ciudadanos”.
El periodista jefe de redacción del diario digital 14ymedio, Reinaldo Escobar, en conexión desde La Habana, señaló que el decreto ley “criminaliza las acciones de discrepancia en las redes sociales”.
Escobar subrayó que, tras las protestas de julio, el Gobierno cubano reaccionó con “más represión y más control”, y por ello pidió a la UE que reconozca que en Cuba hay una “dictadura” y que establezca un diálogo con la sociedad independiente.
El vicepresidente de la delegación para las relaciones con los países de América Central, Javier Nart, calificó como “una vergüenza” el compromiso de diálogo de la UE, ya que afirmó que no ha sido con la sociedad civil de forma independiente.
En cambio, Nart dijo que la Comisión Europea acordó con el Gobierno de Cuba que las asociaciones y representantes de la sociedad civil con los que debería dialogar serían acordados por las dos partes.
En este sentido, el diputado del grupo del Partido Popular Europeo Gabriel Mato cuestionó el mantener el diálogo con Cuba y señaló que mientras los cubanos buscan “pedir libertad”, como demostraron en las manifestaciones de julio, “el Gobierno quiere silenciarlos” con una “ley mordaza”, con el fin de que no se sepa lo que sucede en el país.
Por su parte, eurodiputados socialistas defendieron que el diálogo es el mejor marco para promover y presionar para que se lleven a cabo reformas.
Así, Nacho Sánchez Amor apuntó que considera que el nuevo decreto ley debería tener un seguimiento por parte de los órganos del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. EFE
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